El Ayuntamiento de Gijón ha puesto en marcha la primera fase del Plan Llave, que busca promover la construcción de vivienda pública en régimen de protección. En esta fase inicial se enajenarán seis parcelas municipales, agrupadas en tres lotes, con capacidad para edificar un total estimado de 120 viviendas.
Los terrenos se distribuyen en distintos barrios de la ciudad: Ceares, Perchera-La Braña, El Coto y Nuevo Gijón. En cada lote, los promotores interesados deberán presentar una oferta técnica y económica que será evaluada con criterios rigurosos. En total, se otorgarán hasta 100 puntos: 45 destinados a valorar el proyecto arquitectónico, la sostenibilidad y la integración urbana, y 55 en función de la oferta económica.
Las parcelas se adjudicarán mediante un sistema de permuta. Es decir, las empresas ganadoras deberán entregar al Ayuntamiento una parte de las viviendas construidas —con garaje y trastero incluidos— como forma de pago. Estas viviendas pasarán a ser gestionadas por EMVISA y se destinarán a alquiler asequible.
Entre los requisitos técnicos, se valorará especialmente la calidad arquitectónica, la eficiencia energética, el diseño inclusivo y la adecuación al entorno urbano. También se priorizarán soluciones constructivas sostenibles y de bajo impacto ambiental.
Los plazos del procedimiento ya están definidos: los licitadores dispondrán de tres meses para presentar sus propuestas. Una vez firmado el contrato y obtenidas las licencias, contarán con 30 meses para finalizar las obras. Posteriormente, tendrán un plazo adicional de seis meses para escriturar y entregar al Consistorio las viviendas comprometidas en la permuta.
Para poder optar, las empresas deberán acreditar solvencia técnica y financiera, así como experiencia previa en promociones de al menos 50 viviendas finalizadas en los últimos cinco años.
El objetivo final del Plan Llave es facilitar el acceso a una vivienda digna a los residentes del municipio, priorizando a quienes estén inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado de Asturias y acrediten una antigüedad mínima de dos años de empadronamiento en Gijón. Con este enfoque, el Ayuntamiento busca reforzar la función social del suelo público y dar respuesta a las necesidades habitacionales de la ciudad.
